Alcemos la voz en contra de los despidos injustificados

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¿Sabías que el despido injustificado es la causa número uno en los casos de despido en México? Esto señala el reporte de Datos de la Estadística de Relaciones Laborales del INEGI, realizado en 2011.

En la CDMX, los sectores en los que los despidos injustificados se presentan con mayor regularidad son el comercio, los servicios de apoyo a los negocios, los servicios de hotelería y restaurantes, así como en industrias manufactureras.

Hoy en día se hacen muy visibles las demandas de justicia ante tales tipos de despido; las redes sociales y los teléfonos celulares han servido como herramienta para evidenciar tales casos de abuso de autoridad.

El policía Jaime Ramón Bernal fue consciente del poder de las redes sociales tras ser despedido en el 2015 de su cargo, luego de buscar mejoras laborales para él y sus compañeros. Sus demandas eran sencillas: un aumento salarial, pues luego de estar quince años en servicio nunca tuvo una promoción, viáticos de mantenimiento y gasolina para los patrulleros, además de uniformes y herramientas de oficina, ya que el cuerpo policiaco tenía que pagar de su sueldo todas estas cosas, y obviamente no les rendía para ayudar a su familia a subsistir.

El buscar una mejor calidad laboral lo llevó a caer en un maquiavélico plan por parte de sus superiores: fue llamado a encontrarse con Basilio Puebla Medina, el oficial mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Inocentemente, Jaime pidió permiso para ausentarse ese día para poder asistir a la junta. Después fue notificado de que era sujeto de un procedimiento administrativo por “desacato de una orden”,o sea, haber faltado al trabajo.

A Ramón se le había ocurrido la idea de crear la página de Facebook llamada “Foro de las ideas en pro de los derechos laborales del personal de la PGJDF”, esta servía como un espacio donde los uniformados exhiben lo peor de sus condiciones de trabajo. Una investigación lo atacó por crear esta página.

Imagen: MVS

De la misma manera que Jaime, Julieta Mayela Reyes fue víctima de la impunidad institucional: fue despedida por la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ). ¿La razón? Haber sufrido un derrame cerebral. El 22 de septiembre del 2015, Julieta cumplía con sus tareas laborales cuando sufrió un derrame y quedó internada un mes, inconsciente. Después de estar muchas semanas más bajo incapacidad médica y en rehabilitación, la dieron de alta el 22 de agosto de 2016. Fue entonces cuando Mayela regresó a la institución para que le asignaran sus horarios y labores pertinentes, sin embargo, se topó con la terrible noticia de que ya no laboraba ahí.

A inicios del 2016, Miguel Nava Alvarado, ex titular de la DDHQ, presentó la reestructuración de la nómina de la institución, documento donde no figuraba Julieta. El problema más grave es que la Defensoría no sólo despidió a esta mujer, sino que asumió que ella nunca había existido y, por lo tanto, no tenía derecho a sueldos, subsidios o una liquidación por sus 12 años de antigüedad.

“Es una incongruencia que sea la institución de Derechos Humanos los que defienden a nuestra ciudadanía y en casa los derechos de los trabajadores los pisoteén. No sólo los laborales, sino también los humanos. Porque mis derechos humanos que fueron violados, fue el derecho a la salud y a un trabajo digno”, declaró Julieta en una entrevista para Tv UAQ.

Imagen: Youtube

Pero Jaime y Julieta no están solos, estos son algunos de los muchos casos de impunidad laboral que existen en nuestro país. Por otro lado está el rezago de miles de expedientes que van amontonándose en la Junta de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y que siguen sin ver un avance. Hasta el pasado febrero, la JFCA registró 303 mil 103 expedientes en espera de una resolución.

Un claro ejemplo de estos carpetazos es el caso de Emmanuel G., quien trabajaba sacando copias en el ISSSTE desde 1999. Diez años después, el organismo lo incorpora como ejecutivo de cuenta y es gracias a este ascenso que desde entonces vive con angustia.

En agosto del 2010, el instituto lo acusó de fraude por 236 mil pesos. Comenta que su representante frente al sindicato lo único que pudo recomendarle  fue “que me fuera de la ciudad por mi propia seguridad”.

Imagen: Facebook

El instituto casi le levanta un acta administrativa en su contra, pero el hombre de 44 años pudo comprobar que dentro de las actividades, no se le permitía hacer operaciones con recursos del ISSSTE. Esos días fueron terribles para Emmanuel, quien afirma que mediante intimidaciones lo obligaron a firmar su renuncia. Cuando el panorama parecía más tranquilo, se dio cuenta de que había tomado una decisión errónea y decidió interponer una demanda laboral en contra del ISSSTE por motivo de reinstalación de trabajo. A seis años de juicio y con una resolución en su favor, aún no le devuelven su empleo y él sigue en los juzgados luchando por su derecho laboral.

Tan solo en la CDMX existen 21 Juntas Especiales que se encargan de las demandas de gremios nacionales y dependencias gubernamentales. El número de quejas ante el IMSS es tan alto que la JFCA ha destinado cuatro Juntas Especiales exclusivas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución más demandada por sus trabajadores o derechohabientes, de acuerdo con datos entregados por la Junta Federal. Se tiene un registro acumulado de 131 mil 604 expedientes. Las exigencias principales son indemnizaciones o incapacidades reclamadas.

Imagen: El debate

El procedimiento para interponer una queja como trabajador es a través de seis pasos, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo:

  1. Presentar una demanda
  2. Notificación al empleador de que está siendo demandado
  3. Audiencia de conciliación
  4. Desahogo de pruebas
  5. Formulación y aprobación de la demanda
  6. Resolución

Este tipo de procesos se lleva aproximadamente entre dos o tres meses, y la única razón por la que se aplazara más tiempo es si alguna de las partes no está de acuerdo.

Aún que de las más de 300 mil demandas individuales que están en espera de una resolución, el 63% de ellas apenas están en el paso dos. Esto quiere decir, que los empleadores aún no están enterados de que alguien los está demandando.

El plazo para que se lleven a cabo estas notificaciones es máximo de cinco días hábiles, de acuerdo con la ley, pero en la realidad es muy distinto, puesto que los encargados de notificar en ocasiones no encuentran los domicilios o los patrones modifican su razón social. Estos son los motivos que suelen alargar la realización de las audiencias y como consecuencia la resolución de los conflictos.

Imagen: econsulta

Así como estos casos, muchos mexicanos lamentablemente sufrirán de estos abusos por parte de sus jefes. La unión de las personas y el llevar los casos a los medios o hacer ruido usando las redes sociales han hecho que nos demos cuenta y se haga presión para que se les pague lo justo o se les reingrese a sus labores.

Si sabes de un caso así o vives una situación parecida, denuncia en redes sociales y ante las autoridades. La diferencia entre un caso en el olvido y uno que llama la atención de organizaciones de la defensa laboral está en exhibir a los responsables de las injusticias.